Casi 800 millones de personas sufren escasez de agua potable, que se traduce en miles de muertes diarias entre la población más vulnerable. Cada año mueren más personas a causa de un agua insalubre que por muerte violenta, incluida la guerra.
En Europa, casi dos millones de personas han exigido, a través de la iniciativa Rigth2Water un compromiso legal para que la gestión del agua no sea liberalizada y se garantice como servicio público esencial para toda la ciudadanía.
Solicitamos al ministro y al Gobierno de España un mayor compromiso con el Derecho Humano al Agua, promoviendo en foros internacionales que siga siendo una prioridad en la agenda de desarrollo post2015 y continuando con el apoyo al mandato de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el tema. Además, los firmantes piden al gobierno que vele porque los recursos del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento se inviertan teniendo en cuenta la sostenibilidad, la equidad y la participación de las comunidades locales.
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