Margallo mójate por el Derecho humano al agua

Casi 800 millones de personas sufren escasez de agua potable, que se traduce en miles de muertes diarias entre la población más vulnerable. Cada año mueren más personas a causa de un agua insalubre que por muerte violenta, incluida la guerra.

En Europa, casi dos millones de personas han exigido, a través de la iniciativa Rigth2Water un compromiso legal para que la gestión del agua no sea liberalizada y se garantice como servicio público esencial para toda la ciudadanía.

Hemos entregado en el Ministerio de Exteriores y Cooperación una carta dirigida al Ministro García-Margallo en la que plantean un conjunto de propuestas relacionadas con el papel del Gobierno de España en la promoción del derecho humano al agua. Junto al documento se han entregado cartas, mensajes y testimonios de personas y organizaciones de países del Sur.

Solicitamos al ministro y al Gobierno de España un mayor compromiso con el Derecho Humano al Agua, promoviendo en foros internacionales que siga siendo una prioridad en la agenda de desarrollo post2015 y continuando con el apoyo al mandato de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el tema. Además, los firmantes piden al gobierno que vele porque los recursos del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento se inviertan teniendo en cuenta la sostenibilidad, la equidad y la participación de las comunidades locales.

PRESUPUESTOS DE GUERRA

Creative Commons. Autor: psiaki

Así los calificaba el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), Sr. García-Margallo, ante los medios de comunicación el “Viernes de Dolores” después del consejo de ministros que aprobó el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2012 (PGE). Queda la incertidumbre de lo que haya querido decir el ministro.

A mitad de marzo, cuando compareció ante la Comisión de Cooperación del Congreso, ya adelantó que el presupuesto de cooperación tendría un recorte significativo y argumentó que “recortar [la AOD] es doloroso pero más lo es hacerlo en las pensiones o cerrar ambulatorios”. Esta forma de argumentar, contraponiendo la ayuda al desarrollo y la financiación de políticas sociales en España en una especie de juego de suma cero, no es la única posible.

En la misma comparecencia le preguntaron al ministro por qué se aplicaba un recorte tan fuerte en cooperación al desarrollo y apenas se recortaba en Defensa. Explicó que no es posible recortar en Defensa por la deuda heredada de 30.000 millones que arrastra este ministerio. Pero esta información no aclara el cuestionamiento. El Ministerio de Defensa es uno de los que mayor presupuesto tienen y menor porcentaje de recortes han sufrido entre 2011 y 2012 (menos del 9 % frente al 55 % del MAEC). La deuda de 30.000 millones –que se utiliza como argumento para no recortar en este ministerio- se refiere a inversiones reales que, según se detallaba en la Ley de PGE 2011, tienen una periodificación plurianual de pagos, según la cual la imputación anual en 2011 fue de 1.005 millones, la previsión para 2012 era de 923 millones aunque finalmente el proyecto de PGE 2012 lo deja en 654 millones, porque la reducción del presupuesto de Defensa se centra precisamente en esta partida. Pero además de esto, el Ministerio de Defensa –junto con los organismos autónomos a él vinculados- tiene otros 6.750 millones de presupuesto anual que incluyen, entre otras cosas, casi 600 millones en estudios y formación de las Fuerzas Armadas.

¿Será este trato comparativamente favorable al Ministerio de Defensa a lo que se refería el ministro García-Margallo cuando hablaba de “presupuestos de guerra”? ¿Por qué el ministro no dijo, por ejemplo, que recortar la AOD es doloroso pero más doloroso sería recortar el presupuesto de formación y estudios de las Fuerzas Armadas? El Gobierno debería explicar estas partidas y por qué no plantea recortes significativos en algunas de ellas; debería explicar por qué considera que estos gastos son más importantes que algunas de las políticas sociales, como el apoyo a la vivienda, la promoción activa del empleo o la AOD.

El Gobierno plantea en el proyecto de ley de PGE 2012 lo que algunos han calificado de “amnistía fiscal” aunque el ministro de Hacienda habla de “regularización de activos ocultos”, que le puede suponer un incremento de ingresos de 2.500 millones de euros. Sin embargo, según las estimaciones del Sindicato de Técnicos de Hacienda, en España hay cerca de 90.000 millones de euros de fraude fiscal, el 70% del cual corresponde a grandes fortunas y grandes empresas. ¿Por qué el Gobierno no acomete un operativo serio de lucha contra el fraude fiscal que le puede suponer un incremento mucho mayor de recursos, al tiempo que hace justicia, no incurriendo en agravio comparativo con el tratamiento fiscal que recibe otra parte de la sociedad española, precisamente la más débil económicamente?

Si fuéramos mal pensados, podríamos entender que no sólo hay una respuesta a la crisis en el proyecto de PGE, sino también segundas intenciones en los criterios con los que se hacen los recortes; podríamos pensar que el Gobierno quiere aprovechar la coyuntura de la crisis para laminar y desmantelar la cooperación española, a la vista del 71% de recorte que se le aplica a la AECID. Conociendo a las personas que están al frente de la cooperación española, tenemos que ser bien pensados, de manera que todavía, en el proceso de tramitación, se puedan introducir algunas correcciones a este proyecto de ley tan poco social, tan poco humanitario, tan “de guerra”.